El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma que agiliza los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas, permitiendo que delitos como el allanamiento de morada y la usurpación se tramiten mediante juicios rápidos. Esta medida, parte de la Ley de Eficiencia Judicial, establece que estos juicios deben celebrarse en un plazo máximo de 15 días, lo que representa un cambio significativo en la forma de abordar la okupación en España. La reforma fue impulsada por el PNV y recibió apoyo de varios partidos, aunque también ha generado críticas. Algunos expertos advierten que, aunque los juicios rápidos podrían acelerar el proceso, en situaciones donde hay personas vulnerables involucradas, el desalojo no será tan inmediato, ya que los servicios sociales deben intervenir. Además, la ley no aborda otros problemas relacionados, como los "inquiokupas", que son arrendatarios que no pagan el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda, lo que deja estos casos fuera del nuevo procedimiento ágil
Esta reforma busca facilitar el desalojo de ocupaciones ilegales, pero su efectividad y alcance real aún están en debate, especialmente en situaciones más complejas que involucran a inquilinos vulnerables.
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